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disposiciones consolidadas:
BOE-A-2015-951
Ley agraria de las Illes Balears
Estado:
VIGENTE
Fecha de Publicación:
2015/02/03
Rango:
Ley
Departamento:
Comunidad Autónoma de las Illes Balears
Origen:
Autonómico
Este documento es de carácter informativo y no tiene valor jurídico.
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TÍTULO VI

La transformación y la comercialización

BOE-A-2015-951> Sección 2.ª> TÍTULO VI
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La transformación y la comercialización agraria en las Illes Balears se ajustarán especialmente a los siguientes objetivos, entre otros:
a) La participación del sector productor en los procesos de transformación y comercialización agraria y agroalimentaria, como medio para que se beneficie del mayor valor añadido que se genera.
b) El fomento del sector agroindustrial, para contribuir a garantizar su supervivencia para que sea un impulso para el sector productor.
c) La trasformación de los productos agrarios y agroalimentarios en las explotaciones que los producen, así como su venta directa.
d) La identificación, la seguridad, la trazabilidad y la calidad de los productos agrarios y agroalimentarios.
e) La mejora de las estructuras de transformación con el fin de incrementar su eficiencia y rentabilidad.
f) La mejora de la eficacia y la eficiencia de las estructuras de trasformación y comercialización, para su adecuación a las exigencias del mercado.
g) El fomento de las nuevas ofertas y productos agroalimentarios.
h) El fomento de los productos agrarios y agroalimentarios de las Illes Balears.
Las administraciones públicas competentes en materia agraria fomentarán, mediante disposiciones reglamentarias y planes y programas concretos:
a) La participación del sector productor en los procesos de transformación y comercialización agraria y alimentaria, como vía fundamental para que se beneficie del mayor valor añadido que se genera en los eslabones superiores de la cadena alimentaria, promoviéndose, a tal fin, los acuerdos entre operadores.
b) La vinculación entre el sector agrario y la industria agroalimentaria transformadora y comercializadora de las Illes Balears, lo que permitirá que gran parte del valor añadido de la producción agroalimentaria repercuta de manera directa en la economía de la comunidad autónoma.
c) La transformación y la venta de productos agrarios y agroalimentarios en las explotaciones agrarias.
1. Los productos agrarios y agroalimentarios, en todas sus fases, deberán ofrecer a sus destinatarios una información veraz, objetiva, completa y comprensible sobre las características esenciales propias, con indicaciones para su correcto uso o consumo, y advertencias sobre los riesgos previsibles que implique su utilización o consumo, de forma que los usuarios puedan realizar una elección consciente y racional entre los mismos y utilizarlos de una manera segura y satisfactoria, en los términos que establezca la normativa aplicable.
2. Los productos agrarios y agroalimentarios que se comercialicen a granel deberán ir identificados, y los operadores garantizarán su trazabilidad de acuerdo con la normativa vigente.
1. Las empresas comercializadoras de productos agrarios y agroalimentarios en la comunidad autónoma de las Illes Balears son responsables de la seguridad de los productos que producen, elaboran, sirven y comercializan, y deben velar para que sus productos sean inocuos. En particular, deberán cumplir y comprobar el cumplimento de los requisitos de la normativa correspondiente que afecte a sus actividades, en todas las etapas de producción, transformación, envasado, comercialización y servicio de sus productos.
2. Las mencionadas empresas deberán disponer de los sistemas de autocontrol que imponga en cada momento la normativa aplicable, con la finalidad de garantizar la inocuidad y salubridad de los productos que elaboren.
1. La trazabilidad constituye uno de los elementos que deben integrar los sistemas de autocontrol, mediante procedimientos adecuados, comprensibles y comprobables.
2. Las empresas que operen en la comunidad autónoma de las Illes Balears están obligadas a garantizar la trazabilidad en todas las etapas de la cadena alimentaria. Los procedimientos de trazabilidad deben permitir conocer en cualquier momento, entre la información generada, la identidad de los proveedores y suministradores de productos y materias, y de las empresas a las cuales se hayan suministrado productos.
3. Las empresas agrarias y alimentarias deben tener a disposición de los servicios oficiales de control toda la información relativa al sistema propio de trazabilidad, así como la información derivada o producida por el mismo.
Las administraciones de la comunidad autónoma de las Illes Baleares, especialmente las del ámbito agrario, sanitario y educativo, desarrollarán programas de incentivación de la mejora de la calidad de los productos agrarios y alimentarios producidos en su territorio, de forma que sean reconocidas por el mercado sus buenas cualidades fisicoquímicas, organolépticas y nutritivas; se incentivará la obtención de productos con origen y calidad diferenciados y se fomentará el patrimonio agrario y agroalimentario.
Las administraciones públicas competentes en materia agraria de las Illes Balears potenciarán medidas de incentivación para la implantación de sistemas de gestión y mejora de la calidad, en relación con las empresas agrarias y agroalimentarias.
1. Una denominación de calidad diferenciada es la figura que sirve para identificar un producto agrario o alimentario con características diferenciales, que cuenta con un reglamento o pliego de condiciones y que dispone de un sistema para su control.
2. A efectos de esta ley se considerarán denominaciones de calidad diferenciada:
a) Las denominaciones de origen protegidas.
b) Las indicaciones geográficas protegidas.
c) Las especialidades tradicionales garantizadas.
d) La producción integrada.
e) La producción ecológica.
f) Los alimentos tradicionales.
g) Las marcas de garantía y otros distintivos autorizados.
h) La producción agraria y agroalimentaria artesanal.
3. La gestión y el control de las denominaciones de calidad diferenciada se podrán realizar por entidades públicas o privadas que velarán por el cumplimiento de los reglamentos de dichas denominaciones. En todos los casos, las entidades de gestión y control deberán cumplir la normativa sobre requisitos generales de las entidades de certificación de productos y el Reglamento (CE) 882/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, o la normativa que lo sustituya.
4. Las administraciones públicas competentes en materia agraria velarán por la correcta certificación de los productos agrarios y agroalimentarios que cuenten con denominación de calidad diferenciada, y establecerán la adecuada supervisión del funcionamiento regular de las entidades certificadoras.
Los consejos reguladores, u otros organismos asimilados de gestión y control de las denominaciones de calidad, son corporaciones de derecho público de base asociativa, con autonomía y capacidad de obrar para el cumplimiento de sus funciones, que han de ajustar la propia actividad al ordenamiento jurídico privado, sin perjuicio de la aplicación del ordenamiento jurídico público en lo relativo al ejercicio de las potestades administrativas que tengan atribuidas y otros supuestos previstos en la ley.
1. Se crea el Catálogo de alimentos tradicionales de las Illes Balears, con el objetivo de preservar y revalorizar nuestro patrimonio alimentario, en el que se incluyen los alimentos típicos y tradicionales de las Illes Balears; a efectos de esta ley, se entiende que un alimento es tradicional de las Illes Balears cuando se acredite un mínimo de treinta años de producción, elaboración o comercialización en las Illes Balears.
2. El Consejo de Gobierno, a propuesta del consejero competente en materia agraria de la Administración de la comunidad autónoma de las Illes Balears, mediante un decreto regulará el Catálogo.
3. De acuerdo con la normativa comunitaria en materia de higiene y seguridad alimentaria, el Gobierno de las Illes Balears, a propuesta de las personas interesadas y por causa justificada, podrá adoptar medidas que permitan continuar utilizando métodos tradicionales para garantizar las características de los alimentos tradicionales de las Illes Balears, lo que comunicará a la Administración del Estado y a la Unión Europea.
4. La Administración de la comunidad autónoma de las Illes Balears, en colaboración con las administraciones públicas competentes en materia agraria, elaborará un plan de medidas para incentivar la comercialización y el consumo de los alimentos tradicionales de las Illes Balears.
1. Son industrias de transformación agraria las infraestructuras que lleven a cabo las actividades definidas en el artículo 5.1.y) de esta ley.
2. Las industrias de transformación agraria que procesen los productos producidos en las Illes Balears se consideran infraestructuras estratégicas al objeto de esta ley porque aseguran la viabilidad del sector agrario y agroalimentario de las Illes Balears.
3. A efectos enunciativos pero no limitativos, se consideran industrias de transformación agraria las relacionadas con los sectores relativos a la leche, la carne, incluidos los mataderos, el olivar y los viñedos y sus derivados, los frutos secos, los cereales, las hortalizas, las frutas, las plantas aromáticas y medicinales, la alimentación animal y el compostaje de biomasa de origen agrario o vegetal.
4. Las administraciones públicas competentes en materia agraria fomentarán el desarrollo de la agroindustria, y especialmente la agroalimentaria, priorizando las industrias formadas o participadas por productores agrarios, en particular las cooperativas y las sociedades agrarias de transformación, mediante el establecimiento de programas específicos de promoción económica que faciliten la eficiencia y la modernización de la misma en los ámbitos siguientes, entre otros:
a) La valorización de la producción agraria y el desarrollo y la instalación de industrias de transformación que potencien el sector agrario balear, incrementando su rentabilidad.
b) La diversificación y la innovación tecnológica en los productos agrarios y agroalimentarios.
c) La adaptación a las demandas de los consumidores y la implantación de sistemas de gestión de la calidad.
d) La responsabilidad ambiental en los procesos agroindustriales.
e) La mejora en la estructura de las empresas que posibiliten el crecimiento de la rentabilidad.
f) La integración de la agroindustria en el desarrollo rural.
g) La formación, la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación.
1. Las personas físicas o jurídicas que ejerzan la actividad agroindustrial tienen derecho, entre otros, a ejercer la actividad en un marco empresarial que les permita competir en igualdad de condiciones con cualquier otra industria situada en el territorio de la Unión Europea; a alcanzar su propia estructura de negocio y responder a las necesidades del mercado; así como a colaborar con la administración y las asociaciones de consumidores en campañas para mejorar el conocimiento, si procede, de las características organolépticas y nutritivas de los productos y los hábitos alimenticios de la población.
2. Son obligaciones de las personas que ejerzan la mencionada actividad, entre otras:
a) Cumplir los requisitos de buenas prácticas en la actividad industrial y empresarial, en su caso, así como la legislación vigente en materia de seguridad, trazabilidad y calidad alimentaria.
b) Informar con veracidad y exactitud sobre los productos que elaboren, en el etiquetado, en los documentos de acompañamiento, en la publicidad y en cualquier otra forma de promoción.
c) Cumplir el Plan nacional de control de la cadena alimentaria y las medidas para la mejora del funcionamiento de esta.
La industria de transformación agraria tendrá carácter de actividad complementaria, de acuerdo con lo previsto en esta ley, cuando los productos elaborados o transformados lo estén a partir de ingredientes primarios producidos:
a) En la propia explotación agraria.
b) En la agrupación de titulares de explotaciones preferentes de acuerdo con lo expuesto en la presente ley.
Las administraciones públicas competentes en materia agraria fomentarán el desarrollo de proyectos de cooperación entre empresas agrarias, así como de estas con los productores agrarios y agroalimentarios y con centros tecnológicos o instituciones, en las áreas de investigación, producción, promoción y comercialización.
1. Las administraciones públicas competentes en materia agraria han de fomentar y desarrollar actuaciones de información y promoción de los productos agrarios y agroalimentarios de la comunidad autónoma de las Illes Balears.
2. Asimismo, apoyarán la presencia en el mercado de los productos agrarios y agroalimentarios de las Illes Balears, mediante acciones de promoción, especialmente de las denominaciones de calidad diferenciada de la comunidad autónoma de las Illes Balears y sus producciones amparadas.
1. Las administraciones públicas competentes en materia agraria han de fomentar y apoyar las iniciativas y los proyectos sectoriales o empresariales de desarrollo de la comercialización de los productos agrarios y agroalimentarios en su ámbito territorial. Estas obligaciones corresponderán a la consejería competente en materia de agricultura de la Administración de la comunidad autónoma cuando las iniciativas o los proyectos sean de ámbito pluriinsular o de fuera de las Illes Balears.
2. En particular, se fomentarán, prioritariamente, las iniciativas y los proyectos orientados a los siguientes fines:
a) La mejora de la comercialización de las denominaciones de calidad de la comunidad autónoma de las Illes Balears y sus producciones amparadas.
b) El fortalecimiento de la capacidad de negociación sectorial dentro de la cadena de valor, o la vertebración de un sector agrario y agroalimentario propio fuerte.
c) La promoción de los modelos de producción propios, los mercados internos, la producción local y los canales cortos de comercialización.
d) La comercialización de productos agrarios y agroalimentarios en nuevos mercados emergentes y la consolidación de los mercados existentes.
e) El desarrollo de programas orientados a la formación y el asesoramiento en materia de comercialización.
3. Asimismo, se promoverán la creación y la consolidación de agrupaciones empresariales u organizaciones interprofesionales, constituidas con la finalidad de incrementar y mejorar la comercialización de productos agrarios y agroalimentarios.
1. Los productos que se comercialicen en mercados y ferias locales tradicionales de las Illes Balears deberán estar claramente identificados, indicando su origen o procedencia, sin perjuicio de cumplir los demás requisitos previstos en la normativa vigente.
2. Los municipios de las Illes Balears, en ejercicio de su competencia en materia de mercados y ferias locales, deberán garantizar la perfecta identificación sobre el origen o la procedencia de los productos, especialmente en lo que se refiere a los de las Illes Balears, así como su seguridad y trazabilidad.
1. Las Administraciones Públicas de las Illes Balears y su administración instrumental valoraran en la contratación pública de suministros de productos agrarios y agroalimentarios, de conformidad con la legislación del Estado y, en los contratos contemplados por las Directivas comunitarias, la normativa de la Unión europea,entre otros aspectos, los sociales, los medioambientales y los de calidad diferenciada.
2. Sin perjuicio de la aplicación directa del apartado anterior, el Consejo de Gobierno de las Illes Balears mediante Decreto podrá regular las condiciones y requisitos de la valoración de las circunstancias señaladas para la contratación de los suministros de los productos agrarios y agroalimentarios.
1. Los titulares de las explotaciones agrarias de las Illes Balears inscritas en los correspondientes registros agrarios tienen el derecho a la venta directa, entendida como el acto de vender sin intermediarios los productos obtenidos de la actividad agraria y complementaria de la propia explotación agraria. También se incluirán los productos transformados en industrias de transformación agraria sin carácter de complementaria, siempre que los ingredientes primarios tengan el origen en la explotación agraria.
2. La venta directa se podrá realizar en los elementos que integran la explotación agraria, en mercados municipales, en ferias o en lugares que no sean establecimientos comerciales permanentes, y también mediante las nuevas tecnologías de la comunicación.
3. La venta directa en los establecimientos permanentes situados en suelo calificado como urbano se regirá por la normativa sectorial de comercio correspondiente.
4. A los efectos de esta ley, no tiene la consideración de venta directa cuando, además de la venta de los productos de la propia explotación o de las agrupaciones de titulares de explotaciones agrarias preferentes de acuerdo con lo previsto en este capítulo, se pongan a la venta productos con un origen diferente, procedan o no de la actividad agraria. En este caso, toda la actividad de venta de productos realizada por el titular de la explotación tiene la consideración de actividad comercial y se sujeta a lo previsto en la normativa de comercio y, consecuentemente, a las potestades de control, inspección y sanción que esta normativa otorgue a la administración competente en esta materia.
Los fines de la venta directa son, entre otros, los siguientes:
a) La mejora de las estructuras agrarias, orientada a obtener rentas agrarias dignas para los titulares de las explotaciones y precios justos para los consumidores.
b) La creación y el fomento de explotaciones agrarias, viables y sostenibles.
c) La continuidad de las explotaciones agrarias como instrumento básico del desarrollo económico sostenible en el medio rural.
d) La obtención de un valor añadido adicional en las explotaciones agrarias.
e) La generación de empleo, y la estabilidad del mismo, con la incorporación de jóvenes agricultores.
f) La mejora de la competitividad de las explotaciones agrarias de las Illes Balears, en las mismas condiciones de otros países de la Unión Europea.
g) El desarrollo de una gama de productos diferenciados en cuanto a calidad y aceptación de los mismos, que provea un mercado valorado y creciente en la sociedad.
h) La potenciación de la producción local y los canales cortos y directos de comercialización, que permita un beneficio directo a las explotaciones agrarias y a los consumidores por la disminución de los costes de comercialización y los beneficios medioambientales que la producción local genera.
1. Los productos objeto de la venta directa podrán ser de origen agrícola, ganadero y forestal, así como los elaborados o transformados a partir de estos, sean alimentarios o no.
2. En los productos de origen cinegético se deberán cumplir las condiciones específicas que establezca la normativa aplicable; en el caso de la carne y los productos derivados que no sean cinegéticos, los animales deberán haber sido sacrificados de acuerdo con lo previsto en la normativa vigente.
3. Todos los productos objeto de venta directa deben cumplir las condiciones específicas establecidas en la normativa sanitaria vigente.
Los instrumentos de ordenación territorial, urbanística o medioambiental no podrán establecer sobre la venta directa otras limitaciones o restricciones distintas a las establecidas en la normativa europea o sus disposiciones de trasposición o ejecución.
1. Los titulares de las explotaciones agrarias podrán realizar la venta directa siempre que cumplan los siguientes requisitos:
a) Ser titular de una explotación agraria inscrita en el registro insular agrario.
b) Antes de iniciar la actividad, notificarlo al órgano gestor del registro insular correspondiente para su anotación en el registro agrario y, si procede, en el Registro de Empresas, Establecimientos y Productos del Sector Alimentario de las Illes Balears.
c) Garantizar la identificación, la seguridad y la trazabilidad de los productos, así como el cumplimiento de la legislación alimentaria y sanitaria.
d) Producir en la explotación o elaborar con ingredientes primarios de la explotación todos los productos objeto de la venta directa.
2. En el caso de una explotación agraria preferente, y mientras se mantenga este carácter, además, se permitirá:
a) Vender los productos de la agrupación de titulares de explotaciones agrarias preferentes de las Illes Balears a la que pertenezca.
b) Realizar la actividad de degustación y promoción de los productos objeto de venta directa en locales habilitados específicamente a tal efecto; es decir, en los propios y en los de la agrupación de titulares de explotaciones agrarias preferentes de las Illes Balears a la que pertenezca.
Los titulares de explotaciones agrarias que accedan a la venta directa estarán obligados a garantizar:
a) La identificación y la trazabilidad de los productos que vendan, de acuerdo con lo previsto en la legislación vigente, según la naturaleza del producto.
b) La seguridad y la inocuidad de los productos que produzcan, elaboren, transformen o comercialicen. En concreto, deberán cumplir, en todas las etapas de producción, transformación, envasado y comercialización de los productos, los requisitos de la normativa correspondiente que afecten a sus actividades.
La administración pública competente en materia agraria, mediante un reglamento, puede regular el uso de un logotipo identificativo de los establecimientos de venta directa.
La mejora del conocimiento agrario y agroalimentario se considera una prioridad estratégica de la política agraria de las Illes Balears, que incluye la formación (F), la investigación (I), el desarrollo (D) y la innovación (I), así como la estadística agraria.
Las administraciones públicas competentes en materia agraria han de participar en todos los procesos de elaboración y aprobación de las políticas públicas en materia de formación, investigación, desarrollo, innovación y estadística, que afecten o puedan afectar al sector agrario y agroalimentario.
1. El objetivo general de las políticas públicas de las Illes Balears, en la mejora del conocimiento agrario, es ofrecer una respuesta adecuada y permanente a los retos científicos y técnicos que se plantean en el ámbito agrario y agroalimentario de los particulares y de la propia administración.
2. Los objetivos específicos en el ámbito de la mejora del conocimiento agrario y agroalimentario son:
a) Incrementar la actividad generadora de conocimiento en materia agraria y agroalimentaria, facilitando su transferencia e implementación en el sector agrario y agroalimentario.
b) Favorecer la participación de los sectores económicos agrarios y agroalimentarios en la orientación, la priorización, la financiación y la ejecución de los programas públicos de mejora del conocimiento.
c) Reforzar la formación y el desarrollo profesional en el sector agrario y agroalimentario.
d) Priorizar las actuaciones según sus repercusiones inmediatas sobre el crecimiento económico y el empleo.
e) Aprovechar el potencial de las infraestructuras y los equipamientos existentes, tanto públicos como privados.
f) Facilitar la cooperación estratégica interregional, especialmente cuando implique el aprovechamiento de infraestructuras y equipamientos existentes.
g) Promover las actividades de demostración como pruebas, prototipos, estudios de ampliación, diseño, procesos, productos y servicios pilotos o innovadores, verificación de rendimiento, intercambio de experiencias, etc.
h) Promover la capacidad de innovación orientada al mercado en el sector agrario y agroalimentario.
i) Promover un adecuado conocimiento de la realidad del sector.
1. Se crea la Estrategia Balear de Mejora del Conocimiento Agrario, como programa de la política agraria común de las Illes Balears, de mejora del conocimiento agrario y agroalimentario a escala suprainsular y de ámbito regional, que contendrá las directrices y los planes de actuación que deben desarrollar sobre la materia, en un determinado periodo, las distintas administraciones públicas.
2. La Estrategia será aprobada por el Gobierno de les Illes Baleares, mediante decreto, a propuesta del consejero competente en materia de agricultura, con la participación de las administraciones públicas competentes en materia agraria.
3. La elaboración de la Estrategia corresponderá a un órgano colegiado, de composición paritaria de la Administración de la comunidad autónoma de las Illes Balears y los consejos insulares, con representantes de las organizaciones profesionales agrarias, en los términos que determine el Consejo de Gobierno mediante un decreto, a propuesta del consejero competente en materia agraria.
Es objetivo prioritario de esta ley mejorar la calificación de los profesionales del sector agrario mediante programas de formación que incorporen las disciplinas que les permitan una correcta adaptación a la realidad del sector. Con este objetivo se impulsarán las siguientes líneas estratégicas:
a) Los planes de formación no universitaria y de formación profesional no reglada en materia agraria y agroalimentaria que realicen las administraciones públicas y los particulares financiados, en todo o en parte, con subvenciones de las administraciones públicas, se ajustarán a los principios y las directrices incluidos en la Estrategia Balear de Mejora del Conocimiento Agrario.
Corresponde a las administraciones públicas competentes en materia agraria de la comunidad autónoma de las Illes Balears el seguimiento y la evaluación de sus resultados, por sí misma, o en colaboración con otras entidades y organismos, y en particular con la Universidad de las Illes Balears (UIB), las organizaciones profesionales agrarias y las agrupaciones o asociaciones sectoriales.
b) Las administraciones públicas competentes en materia agraria fomentarán la organización de actividades de formación agraria y agroalimentaria, mediante ayudas destinadas a otras administraciones, organizaciones profesionales agrarias, cooperativas y entidades asociativas, agrupaciones o asociaciones sectoriales, que cumplan los requisitos establecidos en la convocatoria.
c) Las administraciones públicas competentes en materia agraria elaborarán, de acuerdo con la Estrategia Balear, un plan de formación agraria y agroalimentaria, al que se ajustaran los cursos de formación de carácter agrario o agroalimentario ofrecidos por las administraciones públicas de las Illes Balears, las organizaciones profesionales agrarias o las agrupaciones o asociaciones sectoriales que disfruten de las ayudas para la organización de cursos de formación.
d) Los programas de formación irán dirigidos a la consecución de los fines y objetivos fijados en esta ley, y especialmente a la formación y la capacitación de los profesionales actuales y futuros.
En materia de investigación agraria, así como de desarrollo tecnológico e innovación agraria y agroalimentaria, la consejería competente en materia agraria de la Administración de la comunidad autónoma de las Illes Balears, sin perjuicio de que los consejos insulares puedan actuar en el ámbito insular, actuará de acuerdo con los siguientes principios generales:
a) La coordinación y la planificación general, en el ámbito administrativo, de las actividades de investigación, desarrollo, innovación, divulgación y experimentación agraria y agroalimentaria desarrolladas por otras consejerías de la Administración de la comunidad autónoma de les Illes Balears, por los consejos insulares y por los municipios de las Illes Balears, de acuerdo, en su caso, con el Plan de I+D+I de las Illes Balears.
b) El fomento de los proyectos de investigación aplicada en materia de agricultura, ganadería y alimentación que proporcionen y generen el conocimiento necesario para responder a las demandas sectoriales. Los resultados deberán contar con un análisis de sostenibilidad económica y medioambiental, y considerar sus costes y beneficios.
c) El apoyo del sector al que va dirigido y la puesta de los resultados a su disposición.
d) La modernización de las estructuras empresariales de las explotaciones agrarias y de la industria y el comercio agroalimentarios.
e) La adaptación de los sectores agrario y agroindustrial a las condiciones y a la realidad del mercado.
f) Asegurar la continuidad de las explotaciones agrarias como instrumento básico del desarrollo económico en el mundo rural y del equilibrio territorial.
Las administraciones públicas competentes en materia agraria han de establecer las condiciones necesarias para que los titulares de explotaciones agrarias se adapten a la sociedad de la información, poniendo a su servicio las nuevas tecnologías, con la finalidad de lograr una mayor calidad de vida y equilibrio social.
1. Los consejos insulares, en su respectivo ámbito insular, llevarán una adecuada estadística agraria que permita un conocimiento exhaustivo del sector, vital para la toma de decisiones.
2. La consejería competente en materia agraria de la Administración de la comunidad autónoma de les Illes Balears determinará la información estadística que han de remitir los consejos insulares, así como su periodicidad, con la finalidad de elaborar la estadística interinsular. La información se entregará mediante transmisión telemática, con los sistemas de intercomunicación y de coordinación que se determinen, y que garanticen la compatibilidad informática.